El recurso de amparo es la última garantía interna para la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española. Cuando todos los recursos ordinarios han sido agotados y el ciudadano considera que se ha vulnerado alguno de sus derechos fundamentales, puede acudir al Tribunal Constitucional en busca de amparo.
¿Qué es el recurso de amparo constitucional?
El recurso de amparo es un proceso constitucional mediante el cual cualquier persona puede solicitar al Tribunal Constitucional la protección de sus derechos y libertades fundamentales frente a las vulneraciones cometidas por los poderes públicos. Está regulado en los artículos 53.2 y 161.1.b de la Constitución Española y en los artículos 41 a 58 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). El recurso de amparo no es una nueva instancia judicial donde revisar los hechos del caso. El Tribunal Constitucional no actúa como un tribunal de apelación ordinario: su función es exclusivamente verificar si ha habido una vulneración de un derecho fundamental constitucional. Por eso, el Tribunal Constitucional no puede valorar de nuevo las pruebas del proceso penal ni sustituir la apreciación de los hechos por los tribunales ordinarios, salvo que esa apreciación haya vulnerado un derecho fundamental como la presunción de inocencia. El Tribunal Constitucional está integrado por doce magistrados designados por las Cortes Generales, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, por periodos de nueve años, actuando con plena independencia.
Derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española
El amparo constitucional protege los derechos y libertades recogidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución Española (artículos 15 a 29), así como el derecho a la igualdad del artículo 14. Los derechos que con mayor frecuencia se invocan en recursos de amparo en el ámbito penal son: el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1), que incluye el derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho a una resolución motivada y el derecho a la ejecución de las sentencias; el derecho a un proceso con todas las garantías (artículo 24.2), que comprende el derecho a ser informado de la acusación, el derecho a no declarar contra uno mismo, el derecho a la asistencia letrada y el derecho a un juicio público; la presunción de inocencia (artículo 24.2), que impide condenar sin prueba de cargo suficiente; el principio de legalidad penal (artículo 25), que prohíbe sancionar conductas que no estaban tipificadas como delito en el momento de cometerlas; y el derecho a la libertad personal (artículo 17). La Constitución y el derecho constituyen el marco en el que el Tribunal Constitucional desarrolla su labor de garantía.
Requisitos para interponer un recurso de amparo
Para que el Tribunal Constitucional admita un recurso de amparo deben cumplirse requisitos tanto formales como materiales. El recurrente debe haber agotado la vía judicial previa, es decir, haber interpuesto todos los recursos ordinarios y extraordinarios disponibles ante los tribunales ordinarios. El recurso debe invocar la vulneración de alguno de los derechos fundamentales susceptibles de amparo. Desde la reforma de la LOTC en 2007, el Tribunal Constitucional sólo admite los recursos que presenten especial trascendencia constitucional, lo que ha supuesto un filtro importante que ha reducido drásticamente el número de recursos admitidos. La demanda debe presentarse por escrito firmado por abogado y procurador, con poder de representación debidamente otorgado, y debe contener la exposición clara de los hechos, los derechos vulnerados y el fallo que se solicita.
Plazo y procedimiento ante el Tribunal Constitucional
El plazo para interponer el recurso de amparo es de treinta días hábiles desde la notificación de la resolución que se impugna cuando se trata de actos del poder ejecutivo o de los parlamentos; y de treinta días hábiles desde la notificación de la última resolución judicial que agote la vía ordinaria, cuando se trata de actos del poder judicial. El procedimiento se inicia con la presentación de la demanda, que puede hacerse telemáticamente. Tras su presentación, el Tribunal decide sobre la admisión. Si el recurso es admitido, se da traslado a las demás partes y al Ministerio Fiscal para que formulen alegaciones. Finalmente, el Tribunal dicta sentencia otorgando o denegando el amparo. Si otorga el amparo, puede anular la resolución impugnada, retrotraer las actuaciones al momento en que se cometió la vulneración, o reconocer directamente el derecho vulnerado.
Diferencia entre recurso de amparo y recurso de casación
El recurso de casación penal se interpone ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y procede contra las sentencias de las Audiencias Provinciales y del Tribunal Superior de Justicia. Su finalidad es controlar la correcta aplicación de la ley penal y procesal, unificar la jurisprudencia y revisar posibles errores de derecho. El recurso de amparo, en cambio, sólo procede ante el Tribunal Constitucional, sólo puede invocarse una vez agotada la vía judicial ordinaria (incluido el Tribunal Supremo si procede) y sólo puede basarse en vulneraciones de derechos fundamentales constitucionales. No son recursos alternativos sino complementarios y sucesivos: primero casación (si procede) y luego amparo.
¿Cuándo acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
Una vez agotada la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, si el ciudadano considera que España ha vulnerado alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, puede acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. El plazo para hacerlo es de cuatro meses desde la última resolución interna definitiva. El TEDH no revisa los hechos del proceso penal como un tribunal de apelación, sino que comprueba si el Estado ha vulnerado el Convenio Europeo. Sus sentencias son declarativas pero vinculantes para España. En ocasiones, el TEDH ha condenado a España por vulneraciones del derecho a un juicio justo, del derecho a no sufrir torturas o tratos inhumanos y del derecho a la libertad personal.
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