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Muchas personas no entienden completo todo lo que abarca el respectivo delito de prevaricación judicial. Algo que es muy importante, para poder saber cuando se comente y cuáles son los cargos que caerán sobre la persona que haga esto.
Es debido a esto que en este artículo te vamos a contar un poco más de cerca sobre los delitos de prevaricación judicial. Sobre todo en los temas relacionados con que es y como es el proceso, si denuncias a alguien que haga este delito.
¿Qué es exactamente el delito de prevaricación judicial?
La prevaricación viene a ser como tal la acción de dictar una resolución que se pueda notar que es arbitraria a sabiendas de su injusticia. Es un delito particular gracias a su individuo activo, puesto que solo lo puede cometer un funcionario, una autoridad pública o un juez.
El creador del delito es castigado por hacer actos contrarios a los deberes inherentes de su cargo, quedando afectada su profesionalidad, confianza y responsabilidad. Como resultado, continuamente está penado con la inhabilitación del trabajo o cargo público.
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¿Dónde vamos a poder ver regulada la prevaricación judicial?
En el Título XIX del Código Penal español pudimos encontrar la completa tipificación de los delitos que tienen la posibilidad de cometer contra la gestión pública. Estos son conocidos previamente como delitos de los burócratas en el ejercicio de sus cargos.
En específico, el Capítulo I del Título XIX del Código Penal español, tiene que ver con la prevaricación de los burócratas públicos y otros comportamientos injustos. Así como quien aplica una máxima atención en este campo es el delito de prevaricación, donde es definido de la siguiente forma en el artículo 404 del Código Penal:
A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictaré una resolución arbitraria en un tema administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación particular. Esto para trabajo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a quince años
¿Quién es el individuo activo exactamente en un delito de prevaricación judicial?
Solo tienen la posibilidad de cometer el delito de prevaricación la autoridad o un funcionario público, tales como los jueces, miembros del Congreso de los Diputados. Además de miembros del Senado, miembros de los Parlamentos Autonómicos o miembros del Parlamento Europeo.
Por esta razón es fundamental destacar el artículo 24 del Código Penal:
A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como integrante de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, van a tener la importancia de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados.
Así como del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Sociedades Autónomas y del Parlamento Europeo. Se reputará además autoridad a los burócratas del Ministerio Fiscal. Se considerará funcionario público todo el que, por disposición instantánea de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad a la que le competa el asunto, partícipe en el ejercicio de funcionalidades públicas
¿Existe el delito de prevaricación judicial entre abogados y procuradores?
Los abogados y procuradores van a poder cometer un delito de prevaricación en los términos del artículo 467.
¿Pero puede un jurista ser individuo activo de este delito? La ideología estima que la implementación del término “prevaricación” es impropia en esta situación, pues los abogados y procuradores no son burócratas públicos. No obstante, el legislador entiende que estos comportamientos tienen la posibilidad de perjudicar gravemente a las condiciones de ingreso a la justicia y a los habitantes.
Este delito se comete en 2 supuestos:
- Custodia de intereses contradictorios.
Se da una vez que un jurista o procurador ha defendido, asesorado o representado a una persona y, sin el consentimiento de esta, defiende o representa en el mismo tema a un tercero con intereses contrarios.
- Perjuicio al comprador.
Este delito se comete una vez que un jurista o procurador afecta de forma evidente los intereses que le hayan sido encomendados, así sea por acción u omisión.
Esto va a querer decir que:
El jurista o procurador que trate de defender a alguien mostrando intereses contrarios sea castigado con la pena de multa de 6 a doce meses e inhabilitación particular para su profesión de 2 a 4 años.
El jurista o procurador que, por acción u omisión, afecte de manera afirma los intereses que le fueren encomendados va a ser castigado con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación particular para trabajo, cargo público, profesión u oficio de uno a 4 años.
