El delito fiscal se comete cuando se defrauda a la Seguridad Social o a Hacienda por más de 120.000 euros, bien sea por acción u omisión. Este delito es considerado como que se ocasiona un daño patrimonial importante a través del engaño contra Hacienda.
La primera clave para la defensa de un delito fiscal es que se requiere la asesoría y asistencia de un profesional del derecho especialista en derecho tributario. La cual debe ser solicitada después una inspección de la Agencia Tributaria y está presente las actuaciones a la Fiscalía para iniciar una querella contra el contribuyente por delito fiscal.
¿Qué es el delito fiscal?
Este delito se comete contra la Hacienda Pública, local, autonómica, estatal, foral, local y europea, La acción consiste en defraudar y ocasionar un daño patrimonial a través del engaño lo cual se hace por omisión y por acción.
El delito fiscal se encuentra regulado en el Libro II Título XIV denominado de los delitos contra la hacienda Pública y la Seguridad Social. En los artículos 305 y 305 bis del Código Penal, en los cuales se establecen los castigos para quienes cometan este delito.
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La ley establece que para que el fraude fiscal se considere delito, tiene que ser doloso, lo que significa que debe existir la voluntad de defraudar. El delito se puede cometer por ocultación o por disfrutar de devoluciones o adjudicación de beneficios fiscales que no corresponden o por la deducción de gastos falseados.
El delito fiscal puede ser de dos tipos:
Atenuado
Cuando el contribuyente reconoce que ha cometido hechos ilegales y paga la deuda antes de que pasen dos meses de haber recibido la citación judicial como investigado. En el caso de los participantes en el delito que no son el contribuyente investigado pueden atenuar su propia pena cuando colaboran con la investigación.
Agravado
El delito fiscal es considerado agravado cuando la cantidad defraudada supera los 600.000 euros y ha sido cometido por una organización criminal. Además, para cometer el delito se tienen que haber usado instrumentos que hayan opacado la cantidad defraudada.
El causante del delito debe contar con testaferros, cuentas en paraísos fiscales o entramados societarios fraudulentos.
La persona que comete delito fiscal siempre puede quedar exenta sí paga sus deudas de forma voluntaria antes de que se le inicie una inspección.
¿Cuál es la pena por delito fiscal?
La pena por el delito fiscal puede ser de 1 a 5 años de prisión, además de una multa que puede llegar hasta seis veces la cantidad defraudada. Esto se encuentra establecido en el artículo 305 del código penal.
El contribuyente sancionado además se le puede castigar con la pérdida de los beneficios fiscales que le puedan corresponder. Al igual que cualquier deducción de Hacienda con la que pueda ahorrar en impuestos.
El defraudador deberá pagar la cantidad total de los diferentes tributos que esté obligado a presentar. Por lo que no tendrá posibilidad de deducir Impuesto de Sociedades, IVA o IRPF.
Procedimiento de defensa de un delito fiscal
En un procedimiento para la defensa de un delito fiscal participan la abogacía del Estado y la Fiscalía los cuales intervienen para defender los intereses de la Agencia Tributaria. Esto lo harán con los documentos e informes preparados por los inspectores de Hacienda y los demás funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Es importante que el contribuyente conozca que los Jueces de Instrucción desde un primer momento les parece la creíble para llevar el asunto a juicio. Los contribuyentes acusados cuando se encuentran ante esta situación plantean la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Agencia Tributaria y el Fiscal.
El acuerdo por lo general implica el pago a Hacienda de grandes cantidades de dinero a cambio de una pena mínima y evitar el ingreso a prisión. En caso de no llegar a ningún acuerdo son muchas cosas las que se pueden hacer una buena defensa de un delito fiscal. Entre ellas están las siguientes:
Equipo para la defensa
El procedimiento para que sea exitoso debe ser llevado por un equipo de profesionales especialistas en el área tributaria. Los cuales conozcan las diferentes leyes, normativas, reglamentos y resoluciones que regulan los procesos de inspección llevados por Hacienda.
Análisis
El equipo de profesionales para planificar las estrategias que utilizarán en la defensa debe realizar un análisis del proceso de inspección llevado por Hacienda. En el análisis se debe determinar con qué objetivo se hizo la inspección, en que procedimientos administrativos sustentaron la inspección.
Esto le permitirá detectar nulidades, vicios y caducidades para sustentar la defensa penal por el delito por el que se acusa al contribuyente. Lo siguiente es analizar el límite establecido para cometer un delito fiscal.
Para estos casos se realiza un análisis detallado de todos los elementos que para los inspectores de Hacienda suponen la existencia de un fraude fiscal. Por qué debido al deducible de un determinado gasto la cantidad defraudada puede ser menor al límite de 120.000 euros.
Esto traería como consecuencia que el asunto dejara de ser un delito fiscal para convertirse en una infracción administrativa.
Crear la duda en el juez
Esto se puede hacer en la fase de instrucción o en la fase de juicio oral, con el análisis realizado. Además, se debe hacer en base a los diferentes criterios utilizados en la interpretación de la norma fiscal que puede sostener el contribuyente y los inspectores de Hacienda.
La duda creada en el juez por las diferentes interpretaciones de la norma fiscal tendrá mejores efectos en la fase de juicio oral. Debido a que se aplica como norma en el juicio el principio in dubio pro reo.
Lo que significa que se ha generado una duda prudente en el Juez sobre cuál es la interpretación razonable que se le debe dar a la norma fiscal. Para estos casos el juez penal está obligado a absolver al acusado.
Hacerse entender y saber explicar
En los juicios por delito fiscal el por lo general el juez es especialista en derecho penal no en derecho tributario. Por esta razón es muy importante plantear el juicio en términos comprensibles para una persona, se deben realizar exposiciones comprensibles, argumentos bien construidos que el Juez pueda reconocer fácilmente.
